Álava garantiza que los menores que atiende en sus servicios sean escuchados

La Diputación de Álava ha activado un nuevo protocolo de actuación que garantiza y sistematiza el derecho de los menores que son atendidos en su red de servicios sociales...
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La Diputación de Álava ha activado un nuevo protocolo de actuación que garantiza y sistematiza el derecho de los menores que son atendidos en su red de servicios sociales a ser escuchados y a conocer su opinión en todos los procesos relativos a su protección.

Hasta ahora los profesionales del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) llevaban a cabo la escucha de los menores pero el nuevo protocolo puesto en marcha viene a sistematizar este proceso de toma en consideración de la opinión de los menores.

El procedimiento de escucha se ofrece lo largo de cualquier intervención que realiza el Área del Menor y Familia de la Diputación alavesa desde el primer momento en que entra en contacto con los servicios forales y a lo largo de todo el proceso.

En 2016, algo más de 1.000 niños y adolescentes han sido atendidos en los diferentes recursos y programas que tiene la entidad alavesa para menores en situación de desprotección grave.

El protocolo que ahora entra en vigor trata de garantizar la participación del menor, en función de su madurez, cuando se esté valorando una posible situación de desprotección, así cuando se vaya a tomar una decisión o llevar a cabo una modificación en la intervención que pueda afectarle.

Los profesionales del IFBS tendrán la obligación de escuchar a los menores a partir de los 12 años cumplidos y por debajo de esa edad a los que estén en condiciones de formarse un juicio propio sobre la media, es decir, que tengan la capacidad de comprender en qué consiste la misma y cuáles son sus consecuencias.

Este mismo procedimiento garantista se extenderá también a todas las personas adultas vinculadas por el procedimiento, es decir, a los padres, tutores y a los propios adolescentes sobre los que se tenga que valorar la toma de decisiones de protección.

El derecho a ser escuchado se ejercerá, entre otros, en los momentos de aplicación de tutela, delegación de guarda, constitución de un acogimiento familiar o una adopción.

El protocolo precisa también que la opinión de los menores y de los adultos directamente vinculados con estos procedimientos no sustituye, sino que contribuye y complemente la decisión de los profesionales que están al cargo de estos casos.

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