Firmado el convenio de intervención social en Álava con importantes mejoras

Todos los sindicatos con representación en el sector de intervención social de Álava (ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT) y la patronal AISA han firmado el segundo convenio en...
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Todos los sindicatos con representación en el sector de intervención social de Álava (ELA, CCOO, LAB, ESK y UGT) y la patronal AISA han firmado el segundo convenio en el sector con una vigencia hasta 2020 que recoge mejoras sustanciales, con incrementos salariales y reducción de 32 horas de jornada anual.

Según ha informado hoy CCOO en una nota de prensa, los cinco sindicatos y la patronal suscribieron ayer este nuevo convenio que recoge para este año una subida salarial del 2 %, del 2,5 % para 2019 y del 3 % para 2020. Además garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo durante la vigencia del convenio.

El acuerdo también establece una reducción de 32 horas de jornada anual, la introducción de un nuevo plus de “jornada especial”, así como la “guardia no localizada” y fija mejoras en relación a las vacantes y a los puestos de nueva creación, formación continua, seguridad y salud, exceso de jornada, plus por turnos, excedencia por cuidado de familiares y la cláusula de subrogación.

CCOO se ha felicitado por este nuevo acuerdo fruto de una “larga y dura negociación” que se produce tras tres huelgas y que implica mejoras para un sector que asume una buena parte de los servicios que las administraciones públicas subcontratan.

Por otro lado, la central sindical ha mostrado su preocupación por la situación de la negociación del convenio de este mismo sector en Bizkaia y ha llamado a los trabajadores a movilizarse para exigir a la Diputación Foral de esa provincia una salida al convenio que llevan ya dos años negociando y responsabilidad a la patronal Gizardatz.

El sindicato ELA ha celebrado el acuerdo y ha señalado que espera que la “intromisión” de las instituciones en la negociación colectiva sectorial no vuelva a producirse nunca más.

El sindicato nacionalista ha exigido a las instituciones que se preocupen de homologar las condiciones laborales de los trabajadores de servicios sociales públicos subcontratados, unos sectores “feminizados” cuya discriminación en condiciones de trabajo respecto a otros sectores masculinizados explica “de forma muy clara” la brecha salarial entre hombres y mujeres.

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